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Por PINO

La palabra “barbarie” nació hace más de dos mil años. Los antiguos griegos llamaban “bárbaros” a quienes hablaban lenguas que ellos no comprendían, sonidos que parecían balbuceos incomprensibles. Con el tiempo, el término dejó de referirse solamente al extranjero y comenzó a expresar algo más profundo: el abandono de los valores mínimos de humanidad y convivencia.

Hoy, en pleno siglo XXI, la barbarie ya no se presenta necesariamente con ejércitos invasores ni con antorchas destruyendo ciudades. A veces aparece disfrazada de consignas políticas, de discursos radicales o de aparentes luchas sociales. Y se vuelve aún más peligrosa cuando utiliza el sufrimiento humano como instrumento de presión y poder.

Ninguna sociedad democrática puede aceptar con normalidad que una ciudad entera quede sometida al miedo, al aislamiento, a la falta de alimentos, de combustible o de medicinas. Ningún reclamo político, por legítimo que pretenda ser, puede justificar que ancianos, niños, enfermos y familias enteras vivan bajo angustia permanente, privados de condiciones mínimas para una vida digna.

La Paz, sede de gobierno y símbolo histórico de Bolivia, no merece vivir bajo estas formas de presión que terminan golpeando principalmente al pueblo más humilde. Cuando se bloquean caminos esenciales, cuando se paraliza el abastecimiento y cuando se normaliza el sufrimiento colectivo como mecanismo político, la sociedad entera comienza a ingresar en una peligrosa zona de degradación moral.

Y esta reflexión se vuelve aún más delicada cuando diversos analistas, periodistas y sectores ciudadanos advierten desde hace tiempo sobre la presencia e influencia del crimen organizado en determinados movimientos violentos y estructuras de poder. El narcotráfico y las economías criminales no buscan democracia ni justicia social; buscan debilitar las instituciones para penetrar el Estado, generar dependencia, controlar territorios y proteger intereses ilegales.

Bolivia atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. El país ha sufrido años de despilfarro económico, debilitamiento institucional y modelos de dependencia que destruyeron la capacidad productiva y aumentaron la confrontación entre bolivianos. La consecuencia ha sido una nación agotada económicamente, fragmentada políticamente y profundamente desconfiada.

Sin embargo, precisamente en estos momentos críticos es cuando más debemos defender la estabilidad democrática.

La democracia no es perfecta. Ningún sistema humano lo es. Pero la democracia permite algo fundamental: la posibilidad de corregir errores sin destruir la nación. Permite los cambios generacionales, la alternancia, la crítica, la reconstrucción institucional y la renovación de liderazgos sin necesidad de violencia ni sometimiento colectivo.

Cuando una sociedad pierde el respeto por la estabilidad institucional y convierte el caos en método político, todos terminan perdiendo. Se destruye la inversión, se paraliza el trabajo, se debilita la salud pública, se genera pobreza y se empuja a miles de jóvenes hacia la desesperanza o la emigración.

La verdadera revolución de un país moderno no consiste en bloquearlo ni asfixiarlo. Consiste en educarlo, producir, generar confianza, fortalecer la justicia, combatir la corrupción y abrir oportunidades reales para las nuevas generaciones.

Bolivia necesita recuperar el valor de la convivencia democrática. Necesita comprender que ninguna ideología, ningún caudillo y ningún grupo de poder puede estar por encima de la vida humana y de la dignidad de su pueblo.

Porque cuando una sociedad comienza a aceptar como normales el miedo, la violencia y el sufrimiento colectivo como herramientas políticas, entonces la barbarie deja de ser una palabra de la historia antigua y comienza peligrosamente a instalarse en el presente.