Por Pino
La economía boliviana vive una de las encrucijadas más complejas de las últimas décadas. Un déficit fiscal que ronda los 35.000 millones de bolivianos, una estructura estatal hipertrofiada, un aparato productivo débil y un 85% de informalidad convierten al país en un paciente que requiere cirugía mayor. Pero antes de entrar al quirófano, el gobierno del presidente Rodrigo Paz ha decidido preparar meticulosamente el terreno. Las señales, más que los anuncios, muestran una estrategia que apunta a minimizar el impacto social del ajuste que inevitablemente viene.
Paz ha comprendido que ningún cambio estructural puede ejecutarse en un vacío político. Por eso, su primer movimiento fue construir un discurso de inclusión hacia los sectores informales, quienes constituyen la mayoría trabajadora del país. En vez de empezar por pedir sacrificios, eligió ofrecer oportunidades: simplificación tributaria, eliminación de trabas burocráticas y la promesa de convertir a millones de informales en protagonistas de la nueva economía boliviana. Es un gesto político inteligente: antes de hablar de recortes, abre la puerta a la formalidad sin miedo.
El segundo paso fue simbólico pero eficaz: abrogar impuestos poco recaudadores, pero muy impopulares. El impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a transacciones financieras o los gravámenes al juego y a las promociones empresariales eran figuras que, aunque representaban menos del 1% de la recaudación, ocupaban un espacio emocional importante. Su eliminación envía un mensaje directo: “el ajuste no caerá sobre tu espalda”. Es una operación psicológica que anticipa un cambio de época.
Simultáneamente, el Gobierno anunció el pago de deudas a proveedores, compras urgentes de medicamentos y la cancelación de obligaciones que afectan a sectores sensibles. Es una jugada clave: inyectar liquidez antes de retraer el gasto. De esta forma, los actores económicos perciben un Estado que cumple, que paga y que ordena sus cifras antes de pedir esfuerzos adicionales.
Pero la señal más reveladora está en el calendario. Aunque el presidente ya habló de “reformas profundas” y de un recorte del 30% del gasto corriente —equivalente a más de 50.000 millones de bolivianos—, dejó claro que la aplicación real comenzará en marzo del próximo año. No ahora. No de inmediato. Marzo.
¿Por qué marzo? Porque un ajuste de esa magnitud necesita meses de preparación social y política. Es el tiempo suficiente para generar confianza, dialogar con sectores, ordenar cuentas internas y, sobre todo, evitar que el impacto se traduzca en inestabilidad. Lo que Paz está haciendo es crear una plataforma de amortiguación: primero el mensaje amable, luego el gesto simbólico, después la liquidez, finalmente el ajuste.
Se trata de una combinación de gradualismo técnico y cálculo político. No es improvisación: es estrategia. Un recorte de 30% podría equilibrar el déficit fiscal y devolverle respiración al Estado, pero también puede desencadenar tensiones sociales si no se prepara correctamente. Paz está apostando por un ajuste con legitimidad, no por un shock traumático.
La gran pregunta que queda abierta es si este “preparar el terreno” será suficiente para proteger a los más vulnerables cuando llegue la parte difícil del proceso. Porque, más allá del relato, un ajuste siempre tiene costos: menos inversión pública, reestructuración administrativa, presión sobre sectores dependientes del Estado y posibles tensiones con sindicatos y gremios.
Pero también es cierto que Bolivia ya no tiene margen para no ajustar. Lo que sí puede elegir es cómo hacerlo: con improvisación o con estrategia; con soberbia o con diálogo; con imposición o con gradualismo. El presidente ha optado por este último camino.
“Preparar el terreno” puede no ser espectacular, pero es indispensable. El éxito o el fracaso de las reformas de marzo dependerá de qué tan firme y amplio sea ese terreno. Porque ninguna cirugía mayor puede empezar sin antes estabilizar al paciente. Y la economía boliviana, hoy, necesita precisamente eso: preparación, claridad y responsabilidad.