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Por PINO

El corazón humano posee un pequeño conjunto de células especializadas, ubicado en la aurícula derecha, denominado nodo sinusal. Es el marcapasos natural del organismo. Su función consiste en generar el impulso eléctrico que inicia cada latido y establecer el ritmo necesario para que las aurículas y los ventrículos se contraigan coordinadamente.

El marcapasos no reemplaza al corazón ni realiza por sí solo todo el trabajo. Marca el tiempo, inicia la señal y permite que cada estructura cumpla su función en el momento oportuno. Cuando trabaja correctamente, acelera el ritmo ante el esfuerzo y lo disminuye durante el reposo. Su importancia no depende solamente de la velocidad, sino también de su capacidad para adaptarse a las necesidades del organismo.

Cuando el nodo sinusal se altera, el corazón puede latir demasiado lentamente, demasiado rápido o de manera irregular. Una desaceleración excesiva reduce la cantidad de sangre y oxígeno que llega al cerebro y a los demás órganos. Aparecen entonces cansancio, debilidad, confusión, dificultad respiratoria, mareos y, en situaciones graves, pérdida del conocimiento y colapso circulatorio.

Bolivia parece atravesar un fenómeno comparable. Su marcapasos político continúa funcionando, pero emite señales débiles, tardías y, en ocasiones, contradictorias. El país mantiene sus instituciones constitucionales, pero no consigue establecer un ritmo nacional suficientemente coordinado para enfrentar la gravedad de la crisis económica, social y política.

El problema no consiste únicamente en la falta de dólares, combustibles o recursos fiscales. Existe también una peligrosa desaceleración de la capacidad política para tomar decisiones, generar confianza, explicar el rumbo y construir acuerdos. Mientras la crisis avanza rápidamente, la respuesta institucional parece hacerlo con lentitud.

En medicina, cuando el marcapasos natural pierde fuerza, otras estructuras intentan asumir el control mediante ritmos de escape. Estos mecanismos pueden mantener temporalmente la circulación, pero generalmente son más lentos, inestables y menos capaces de responder a las necesidades del organismo.

Algo semejante sucede en Bolivia. Ante la debilidad de una conducción nacional clara, diferentes actores comienzan a marcar ritmos propios: el mercado paralelo establece el valor real del dólar; los bloqueos condicionan las decisiones públicas; las regiones defienden sus urgencias; los sectores productivos reclaman certidumbre; la banca propone una mayor liberalización; los organismos internacionales establecen metas económicas y la población intenta protegerse individualmente frente a la inflación y la incertidumbre.

En este contexto aparece el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo técnico por un programa de aproximadamente 1.900 millones de dólares, ejecutable durante 36 meses, busca fortalecer las reservas internacionales, reducir las presiones cambiarias y contribuir a la estabilización de la economía. También podría facilitar el acceso a recursos adicionales de otros organismos multilaterales.

Sin embargo, el financiamiento no llega aislado. El programa contempla compromisos relacionados con la reducción del déficit fiscal, la racionalización del gasto público, los cambios en la política cambiaria, la apertura a la inversión privada y la eliminación de la subvención general a los combustibles desde 2027, sustituyéndola por precios que permitan recuperar sus costos.

Por ello, el FMI comienza a cumplir una función parecida a la de un marcapasos externo: aporta recursos, establece un calendario, programa metas y verifica periódicamente su cumplimiento. Pero ningún dispositivo externo puede corregir por sí solo todas las enfermedades del organismo.

El FMI no creó la crisis boliviana. Llegó cuando el país ya sufría una disminución de sus reservas, pérdida de ingresos por exportaciones de gas, déficit fiscal persistente, escasez de divisas y combustibles, desconfianza y debilidad institucional. Tampoco puede ser presentado como el único responsable de las decisiones que el Gobierno boliviano negocia y acepta.

La responsabilidad política final continúa siendo de nuestras autoridades.

Un marcapasos artificial debe programarse de acuerdo con la edad, las condiciones y las necesidades de cada paciente. De igual manera, un programa de estabilización debe adaptarse a la realidad boliviana. No puede aplicarse como si el país fuera solamente una tabla de ingresos, gastos y reservas.

Bolivia es una sociedad con altos niveles de informalidad, pobreza, desigualdad territorial y fragilidad institucional. Una eliminación abrupta de las subvenciones podría aumentar los precios del transporte, la producción y los alimentos. El resultado sería una mayor pérdida del poder adquisitivo, especialmente entre las familias de menores ingresos.

Una medida fiscalmente correcta puede fracasar políticamente si no posee legitimidad social. Y una reforma económicamente necesaria puede terminar agravando la crisis si se aplica sin gradualidad, compensación y diálogo.

¿Qué necesita Bolivia para recuperar un ritmo político adecuado?

En primer lugar, necesita una conducción nacional clara. El Gobierno debe explicar hacia dónde conduce al país, cuáles serán los sacrificios necesarios, cuánto tiempo durarán y cómo se distribuirán. La incertidumbre acelera la desconfianza y debilita aún más el pulso institucional.

En segundo lugar, el acuerdo con el FMI debe conocerse íntegramente. La Asamblea Legislativa y la población necesitan acceder a la carta de intención, el memorando económico, las condiciones financieras, el cronograma de desembolsos, las metas verificables y las consecuencias de un eventual incumplimiento. Un programa que comprometerá al país durante varios años no puede manejarse solamente entre técnicos y autoridades.

En tercer lugar, Bolivia necesita un gran acuerdo nacional de estabilización. Gobierno, Asamblea Legislativa, gobernaciones, municipios, empresarios, trabajadores, universidades, cooperativas y organizaciones sociales deben participar en la construcción de un mínimo denominador común. La crisis no podrá resolverse si cada sector continúa latiendo a una frecuencia diferente.

En cuarto lugar, la reforma de las subvenciones debe ser gradual, transparente y socialmente protegida. La subvención universal puede sustituirse por mecanismos focalizados para el transporte público, pequeños productores y familias vulnerables. El esfuerzo también debe incluir un combate efectivo contra el contrabando y la corrupción.

En quinto lugar, el ajuste no puede recaer exclusivamente sobre la población. El Estado debe reducir gastos innecesarios, revisar empresas públicas deficitarias, transparentar contrataciones, combatir privilegios y mejorar la eficiencia administrativa. No sería aceptable pedir sacrificios a las familias mientras permanecen intactas estructuras estatales costosas e improductivas.

En sexto lugar, Bolivia necesita producir nuevamente los dólares que consume. El financiamiento externo puede aliviar la emergencia, pero no reemplaza una política de exportaciones, producción energética, agroindustria sostenible, minería responsable, turismo, economía digital e industrialización viable. Endeudarse para cubrir permanentemente la falta de divisas solamente posterga el problema.

En séptimo lugar, debe protegerse la circulación social. Así como el corazón distribuye sangre a todos los órganos, el Estado debe garantizar que la estabilización preserve la alimentación, la salud, la educación, el empleo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

Finalmente, el país necesita recuperar la confianza. Sin confianza no ingresan inversiones, no se normaliza el mercado cambiario y no existe disposición social para soportar las reformas. La confianza no se decreta: se construye mediante verdad, transparencia, seguridad jurídica, coherencia y cumplimiento de la palabra.

Bolivia no necesita un ritmo artificial permanente ni decisiones improvisadas ante cada emergencia. Necesita recuperar su propio marcapasos político: una conducción legítima, responsable y capaz de coordinar las instituciones alrededor de un proyecto nacional.

El FMI puede proporcionar oxígeno financiero y ayudar a ordenar determinadas variables. Pero no puede definir por nosotros el país que queremos construir. Esa responsabilidad pertenece a los bolivianos.

La desaceleración actual es peligrosa. Si el sistema político no recupera pronto un ritmo firme, coordinado y socialmente sostenible, otros actores terminarán imponiendo sus propios tiempos y condiciones.

Todavía estamos a tiempo de corregir el ritmo. Pero para lograrlo se necesita algo más que dinero: se requiere liderazgo, acuerdos, transparencia, capacidad técnica y una visión compartida de Bolivia.