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La conciencia moral de un pueblo que despertó

Por PINO

Hay momentos en la historia de los pueblos que no se anuncian con trompetas. Llegan silenciosos, casi imperceptibles, como la primera luz que precede al alba: no es todavía el día, pero ya no es la noche. Bolivia parece estar viviendo uno de esos momentos. Y para entenderlo en su verdadera profundidad, hay que ir más allá de la política, más allá de los titulares, hasta las raíces mismas de lo que somos como seres humanos.

Entre las características más profundas del ser humano, tres destacan por encima de todas: la conciencia reflexiva —esa capacidad única de volverse sobre uno mismo y preguntarse quién se es y hacia dónde se va—; la búsqueda de sentido —esa necesidad irreductible de saber para qué se vive—; y, quizás la más poderosa en sus consecuencias sociales, la libertad y la responsabilidad moral.

Esta última no es solo la capacidad de elegir. Es algo más exigente y sublime: es la capacidad de elegir sabiendo que esa elección tiene consecuencias para otros, y que por tanto debemos responder por ella. Es lo que nos distingue de los animales guiados por el instinto y de las máquinas programadas por el algoritmo. Somos seres que podemos decir no a nuestros propios impulsos. Seres que podemos elegir el bien cuando el mal sería más cómodo.

De esta libertad moral nace todo lo que llamamos civilización. Nace el derecho, porque presuponemos que el ser humano pudo haber elegido de otra manera. Nace la justicia, porque exigimos que quien dañó a otro responda por ese daño. Nace la democracia, porque reconocemos que ningún hombre tiene derecho natural a gobernar a otro sin su consentimiento. Y nace también la indignación moral —ese fuego interior que arde cuando vemos que alguien usa su libertad para destruir la de los demás.

Durante semanas, Bolivia fue escenario de uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente. Los bloqueos de carreteras —esa práctica convertida en costumbre, en herramienta política, casi en ritual— alcanzaron una dimensión que ya no era posible ignorar ni justificar.

Cuarenta y ocho puntos de corte simultáneos. Cuatro policías muertos. Civiles fallecidos. Una joven de veinte años que no llegó a tiempo al hospital. Cientos de familias varadas durante días en terminales, durmiendo en el suelo, sin certezas ni respuestas. Niños que no pudieron ir a la escuela. Medicamentos que no llegaron. Alimentos que se pudrieron antes de alcanzar su destino. Oxígeno —ese elemento sin el cual la vida simplemente se apaga— bloqueado en su camino hacia quienes lo necesitaban con urgencia.

Detrás de cada uno de esos hechos no hay una estadística. Hay un rostro. Hay una familia. Hay una vida que valía exactamente lo mismo que la de quienes empuñaban los palos y colocaban las piedras.

Y aquí es donde la filosofía deja de ser abstracta y se vuelve urgente: ¿Puede llamarse ejercicio de la libertad a una acción que suprime la libertad —y en algunos casos la vida— de personas que no tienen nada que ver con el conflicto político en cuestión? ¿Puede reclamarse un derecho utilizando como instrumento la violación de los derechos de otros?

La respuesta, desde cualquier ética seria, es no.

La libertad humana, por profunda y valiosa que sea, no es ilimitada. Este es uno de los descubrimientos más importantes de la filosofía moral. Kant lo formuló con precisión: actúa de tal manera que tu libertad pueda coexistir con la libertad de todos los demás según una ley universal. John Stuart Mill lo dijo de otra forma: tu libertad termina donde comienza la libertad del otro.

El derecho a protestar es legítimo. Es, de hecho, una expresión preciosa de la libertad humana en el espacio público. Pero ese derecho tiene un límite que ninguna causa política, por justa que se proclame, puede traspasar: el derecho de otros a vivir, a moverse, a recibir atención médica, a alimentar a sus hijos.

Cuando el bloqueo impide que una ambulancia llegue a tiempo, ha dejado de ser protesta. Se ha convertido en otra cosa. Cuando el bloqueo mata, no por accidente sino por la lógica misma de su funcionamiento, ha cruzado una línea que la moral no puede excusar. Y quienes lo promueven, quienes lo organizan, quienes lo financian, son responsables. Moralmente responsables. Y deben serlo también jurídicamente.

Esta no es una posición política. Es una posición humana.

Pero algo ocurrió en estas semanas que merece ser nombrado con cuidado y con esperanza.

La ciudadanía boliviana —esa ciudadanía que durante décadas aprendió a agachar la cabeza, a resignarse, a esperar que la tormenta pasara— salió a las calles. No convocada por un partido. No movilizada por un caudillo. Autoconvocada. Espontánea. Indignada.

En La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en Trinidad, hombres y mujeres comunes marcharon para decir lo que durante demasiado tiempo no se había dicho en voz alta: basta. Los bloqueos no nos representan. Nuestros derechos también importan. La democracia no puede ser secuestrada por quienes perdieron en las urnas y quieren ganar en las carreteras.

Una encuesta nacional reveló que el 96% de los bolivianos rechaza los bloqueos como medida de presión, y el 95% exige que sus promotores sean sancionados. Noventa y seis de cada cien. Esa cifra no es solo un dato estadístico: es el retrato de una conciencia moral colectiva que está despertando.

Esto es lo que los filósofos llaman maduración cívica. Es el momento en que un pueblo deja de verse como víctima pasiva de sus circunstancias y comienza a ejercer su responsabilidad moral en el espacio público. Es el momento en que la libertad deja de ser solo un discurso y se convierte en una práctica exigente: la práctica de defender no solo la propia libertad, sino también la de los demás.

Un amanecer no es todavía el día. Bolivia tiene ante sí una tarea enorme: construir los canales institucionales que hagan innecesaria la violencia como instrumento político; fortalecer una cultura democrática en la que el diálogo reemplace a la piedra y la dinámica; y exigir, con igual firmeza, que el Estado garantice el ejercicio real de los derechos de todos sus ciudadanos.

La propuesta de una ley antibloqueos que actualmente debate la Asamblea Legislativa es una señal en la dirección correcta. No porque la ley por sí sola cambie las cosas —las leyes sin cultura cívica son letra muerta— sino porque refleja que hay una voluntad colectiva de no volver al pasado.

Pero la ley no es suficiente. Lo que Bolivia necesita, en el fondo, es algo que ningún decreto puede crear pero que estos días han mostrado que es posible: ciudadanos que se reconozcan como tales. Que sepan que la democracia no es un regalo que se recibe, sino una responsabilidad que se ejerce. Que comprendan que protestar es un derecho, pero que ese derecho se ejerce con los pies, con la voz y con las manos levantadas —no con piedras, no con palos, no con el cuerpo de una joven de veinte años que no llegó al hospital.

Víktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y uno de los pensadores más lúcidos del siglo XX, escribió que entre el estímulo y la respuesta siempre existe un espacio. Y que en ese espacio reside nuestra libertad, y en nuestra libertad, nuestra dignidad.

Bolivia, como pueblo, está comenzando a habitar ese espacio. A elegir una respuesta distinta. A negarse a que la barbarie se normalice.

Eso es un amanecer.

No es todavía el día. Pero ya no es la noche.

Y esa luz, por tenue que sea, merece ser cuidada.

«La libertad no es el derecho de hacer lo que uno quiere, sino el poder de hacer lo que uno debe.» — Charles de Montesquieu