Por PINO
Bolivia atraviesa una de las pruebas más difíciles de su historia reciente. Tras 50 días de un conflicto asfixiante, la profunda crisis económica que ya arrastraba el país se ha visto dramáticamente agravada. El panorama ha sido devastador: miles de transportistas atrapados en las carreteras, ciudades desabastecidas de alimentos básicos y, lo más doloroso, la pérdida de vidas humanas de compatriotas que no pudieron llegar a un centro médico debido a los bloqueos. En momentos así, la desesperación colectiva suele ser el caldo de cultivo para que los gobernantes repitan los mismos errores del pasado: la indiferencia o la represión ciega.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz optó por un camino distinto. Consciente de que detrás de las movilizaciones existían sectores empobrecidos con demandas reales y legítimas, decidió priorizar el diálogo profundo y constante. Sentarse a escuchar el «trigo» —es decir, las necesidades genuinas de la población que sufre el día a día de la crisis— fue un acierto indispensable para romper con la soberbia histórica del poder político.
Lamentablemente, el campo de la democracia no solo siembra trigo. En medio de este esfuerzo de concertación, brotó con fuerza la cizaña. Aquellos sectores vinculados al narco-terrorismo y a facciones políticas radicales vieron en la vulnerabilidad del país la oportunidad perfecta para sembrar el caos. Su objetivo nunca fue el bienestar de los sectores vulnerables, sino la desestabilización del Gobierno Nacional para imponer agendas propias y asegurar la impunidad de sus actividades ilícitas.
Cuando la cizaña se camufla entre el trigo, el riesgo de destruir todo a su paso es inmenso. El narco-terrorismo intentó utilizar las carencias del pueblo como un escudo humano para derribar la institucionalidad del Estado.
Ante este escenario, donde el diálogo genuino con los trabajadores corría el riesgo de ser secuestrado por la criminalidad, la declaración del Estado de Excepción se convirtió en una medida de última ratio, pero absolutamente necesaria. No se trata de acallar la protesta legítima, sino de limpiar el terreno; de garantizar el reordenamiento de los sectores, la libre transitabilidad y el derecho fundamental de los ciudadanos a trabajar, alimentarse y recibir atención médica.
Sin embargo, el éxito de esta medida no se medirá solo por el despeje de las rutas. El Gobierno de Rodrigo Paz asume un doble desafío histórico: primero, asegurar que el uso de la fuerza pública bajo el Estado de Excepción sea quirúrgico, persiguiendo la criminalidad y desarticulando el narco-terrorismo sin vulnerar los derechos ni la integridad del ciudadano de a pie. Y segundo, entender que la libre transitabilidad es solo el alivio de un síntoma; la enfermedad de fondo sigue siendo una crisis económica estructural que requerirá el mismo nivel de audacia, diálogo y firmeza para ser resuelta en el mediano plazo.
El mensaje antiguo nos enseña que llegará el momento de la cosecha donde el trigo y la cizaña se separarán definitivamente. Para Bolivia, ese momento es hoy. El Estado tiene la obligación de seguir escuchando al pueblo que produce y sufre, pero al mismo tiempo debe aplicar con firmeza la ley contra aquellos que solo buscan sembrar el terror. Solo librando al cultivo de la maleza que lo asfixia, el país podrá recuperar la paz y la normalidad que tanto necesita para volver a caminar.
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