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Bolivia, 2019-2026: el mismo pedido de renuncia presidencial tuvo desenlaces que dicen mucho sobre el país en que vivimos

Por PINO

Hay fechas que parecen rimar. El 21 de octubre de 2019, miles de personas salieron a las calles de Santa Cruz y Sucre para exigir la renuncia de Evo Morales, después de que el conteo oficial de votos se detuviera de forma sospechosa y reapareciera horas después con un resultado que evitaba una segunda vuelta. Siete años más tarde, otra vez miles de bolivianos —ahora en La Paz, El Alto y Cochabamba— levantan la misma consigna contra otro presidente: que se vaya. El grito es el mismo. El eco, no.

2019: un grito que encontró caja de resonancia

Lo que comenzó como una protesta del comité cívico de Santa Cruz se transformó, en cuestión de días, en algo mucho más amplio. A las clases medias urbanas se sumaron policías amotinados y, hacia el final, también sectores indígenas y campesinos que históricamente habían respaldado al MAS. La denuncia de fraude electoral se combinó con un reclamo de fondo: Morales se presentaba a un cuarto mandato pese a que el referéndum de 2016 había rechazado expresamente la reelección indefinida, habilitado solo gracias a un fallo de un Tribunal Constitucional bajo su control.

Veintiún días después de las elecciones, el 10 de noviembre, Morales renunció. No fue un proceso limpio —hubo incendios, saqueos y violencia de distintos signos—, pero el desenlace fue rápido y, para una parte significativa de la sociedad boliviana, restituyó algo que sentían perdido: la idea de que la Constitución todavía pesaba más que la voluntad de un solo hombre.

2026: el mismo pedido, un país distinto

Lo que ocurre desde hace más de un mes tiene, en la superficie, la misma fotografía: carreteras cortadas, marchas hacia La Paz, banderas con pedidos de renuncia, esta vez contra Rodrigo Paz. Pero el origen es otro. No nació de una elección cuestionada, sino de la acumulación de reclamos sectoriales —indígenas amazónicos contra una ley de tierras, mineros, transportistas, campesinos golpeados por la escasez de combustible y de dólares— que terminaron confluyendo en un pedido común.

Y en esa confluencia reapareció Evo Morales. Desde su refugio en el Chapare cochabambino, donde evade una orden de detención, lideró una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz y luego vio cómo dirigentes de su entorno tomaban la vocería de las protestas en la sede de gobierno. El oficialismo lo acusa de ser el «autor intelectual» de la radicalización y ha denunciado que detrás de algunos bloqueos operan intereses del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Son acusaciones que, hasta ahora, no se sostienen con la misma claridad con que en 2019 quedó documentada la base social transversal del reclamo. Pero marcan una diferencia central: en 2019 era difícil señalar a una sola figura como conductora del movimiento; en 2026, esa figura tiene nombre y apellido, y arrastra el desgaste de una etapa que muchos bolivianos ya daban por cerrada.

Por qué el eco es distinto

La explicación no es solo política. Es, sobre todo, económica. En 2019, Bolivia llegaba a la crisis con una situación fiscal relativamente sostenible. En 2026, los bloqueos golpean a una economía que ya venía de dos años de contracción, con un déficit fiscal superior al 12% del PIB, una deuda que ronda el 90% del producto y una inflación cercana al 20%. Un solo mes de protestas —mayo— le costó al país cerca de 2.000 millones de dólares, casi el 4% de su PIB anual: uno de los meses más caros de la historia económica reciente de Bolivia, comparable solo con la propia crisis de 2019.

Y sin embargo, a diferencia de 2019, el reclamo no ha logrado su objetivo. Paz sigue en el cargo. El Congreso le dio luz verde para usar al Ejército en el desbloqueo de rutas, algo que no ocurrió hace siete años. El gobierno negocia, en paralelo, un paquete de 5.000 millones de dólares con el FMI —la misma institución a la que, en campaña, Paz había prometido no recurrir—, lo que alimenta la sospecha de que el ajuste que detonó las protestas no va a desaparecer, venga o no acompañado de un sello del organismo.

Una sociedad que ya gastó su asombro

Quizás ahí está la clave del «eco distinto»: en 2019, Bolivia todavía podía sorprenderse de que un presidente se aferrara al poder más allá de lo que la Constitución permitía, y esa sorpresa —compartida por una mayoría amplia y heterogénea— alcanzó para producir un cambio rápido. En 2026, el país ya no se sorprende de casi nada. Está, literalmente, exhausto: por la crisis económica que arrastra desde 2023, por la fatiga de un conflicto que ya lleva más de un mes, y por la sensación, para muchos, de que detrás de cada bloqueo hay menos un reclamo genuino y más una vieja disputa de poder que se resiste a cerrarse.

El grito, en el fondo, sigue siendo el mismo: que el poder responda ante la gente. Pero cuando ese grito se repite demasiadas veces, y desde lugares cada vez más cuestionados, el eco empieza a apagarse antes de llegar a destino. Esa, tal vez, sea la verdadera diferencia entre 2019 y 2026: no el reclamo, sino la credibilidad de quien lo levanta.