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Por Pino

Durante más de dos décadas, Bolivia ha vivido bajo una de las consignas políticas más poderosas de su historia reciente: «Defendamos nuestros recursos naturales».

Con ese discurso se movilizaron multitudes, se bloquearon ciudades, se enfrentaron bolivianos contra bolivianos y se produjeron episodios de violencia que dejaron profundas heridas en la sociedad. Se afirmó que la riqueza del país estaba secuestrada por intereses extranjeros y que la recuperación de los recursos naturales por parte del Estado sería el camino hacia el desarrollo, la justicia social y la prosperidad colectiva.

Han pasado más de veinte años.

La pregunta que hoy debemos hacernos es sencilla: ¿dónde están los resultados?

Bolivia posee enormes reservas de gas, litio, minerales, tierras fértiles, bosques y recursos hídricos. Sin embargo, a pesar de esta extraordinaria riqueza natural, el país enfrenta una de las crisis económicas, institucionales y sociales más profundas de su historia reciente. Las reservas internacionales se han reducido dramáticamente, la inversión privada se ha debilitado, la confianza en las instituciones ha disminuido y miles de jóvenes continúan buscando oportunidades fuera de nuestras fronteras.

Lo más preocupante es que la promesa original nunca se cumplió. Los recursos naturales fueron presentados como la llave mágica del desarrollo, cuando la experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario.

Los países más exitosos del mundo no construyeron su riqueza sobre la simple posesión de recursos naturales. La construyeron sobre la educación, el conocimiento, la innovación, la ciencia, la tecnología y la fortaleza de sus instituciones.

Japón prácticamente no tiene recursos minerales significativos. Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo hace apenas unas décadas. Singapur carece de petróleo, gas o grandes extensiones agrícolas. Sin embargo, estos países apostaron por la educación de su gente y lograron transformarse en potencias económicas.

La realidad económica moderna es contundente: los recursos naturales pueden generar ingresos temporales, pero el verdadero desarrollo sostenible proviene del capital humano. Diversos estudios económicos coinciden en que la riqueza duradera de las naciones depende mucho más de la calidad de su educación, de su capacidad de innovación y de la fortaleza de sus instituciones que de la abundancia de materias primas.

Mientras otros países invertían en universidades, investigación científica y tecnología, Bolivia continuó atrapada en una visión extractivista donde el Estado se convirtió en el centro de la actividad económica. El resultado fue una creciente dependencia de los ingresos provenientes de recursos naturales, una expansión del aparato estatal y una cultura política basada más en la distribución de rentas que en la creación de riqueza.

Cuando los precios internacionales fueron favorables, las debilidades estructurales quedaron ocultas. Pero cuando los ingresos comenzaron a disminuir, apareció la realidad: una economía poco diversificada, baja productividad, escasa industrialización y una preocupante fragilidad institucional.

Lo más grave es que el discurso permanece intacto. Cada nueva crisis es acompañada por el mismo mensaje: defender los recursos naturales, fortalecer las empresas estatales y aumentar el control del Estado sobre la economía. Sin embargo, después de más de veinte años, los indicadores muestran que esta estrategia no ha logrado construir una nación más próspera, más libre ni más desarrollada.

La verdadera riqueza de Bolivia nunca estuvo únicamente debajo de la tierra. Siempre estuvo por encima de ella: en la inteligencia de sus ciudadanos, en la creatividad de sus emprendedores, en la capacidad de sus profesionales, en el esfuerzo de sus trabajadores y en el potencial de sus jóvenes.

El mayor recurso estratégico de una nación no es el gas, ni el petróleo, ni el litio. Es la educación.

La mayor inversión que puede hacer un país no es abrir una nueva mina, sino abrir una nueva escuela de excelencia.

La mayor garantía de desarrollo no es una empresa estatal, sino una sociedad libre, educada, innovadora y capaz de competir con el mundo.

Quizás la gran mentira de Bolivia haya sido hacernos creer que la riqueza estaba en nuestros recursos naturales, cuando en realidad siempre estuvo en nuestra gente.

El desafío del futuro consiste precisamente en abandonar ese espejismo y comenzar a construir una nación donde el conocimiento, la educación, la productividad y la libertad económica sean los verdaderos motores del desarrollo.

Porque los países ricos no son aquellos que poseen más recursos naturales.

Son aquellos que desarrollan mejor a sus ciudadanos.

Bolivia, 2019-2026: el mismo pedido de renuncia presidencial tuvo desenlaces que dicen mucho sobre el país en que vivimos

Por PINO

Hay fechas que parecen rimar. El 21 de octubre de 2019, miles de personas salieron a las calles de Santa Cruz y Sucre para exigir la renuncia de Evo Morales, después de que el conteo oficial de votos se detuviera de forma sospechosa y reapareciera horas después con un resultado que evitaba una segunda vuelta. Siete años más tarde, otra vez miles de bolivianos —ahora en La Paz, El Alto y Cochabamba— levantan la misma consigna contra otro presidente: que se vaya. El grito es el mismo. El eco, no.

2019: un grito que encontró caja de resonancia

Lo que comenzó como una protesta del comité cívico de Santa Cruz se transformó, en cuestión de días, en algo mucho más amplio. A las clases medias urbanas se sumaron policías amotinados y, hacia el final, también sectores indígenas y campesinos que históricamente habían respaldado al MAS. La denuncia de fraude electoral se combinó con un reclamo de fondo: Morales se presentaba a un cuarto mandato pese a que el referéndum de 2016 había rechazado expresamente la reelección indefinida, habilitado solo gracias a un fallo de un Tribunal Constitucional bajo su control.

Veintiún días después de las elecciones, el 10 de noviembre, Morales renunció. No fue un proceso limpio —hubo incendios, saqueos y violencia de distintos signos—, pero el desenlace fue rápido y, para una parte significativa de la sociedad boliviana, restituyó algo que sentían perdido: la idea de que la Constitución todavía pesaba más que la voluntad de un solo hombre.

2026: el mismo pedido, un país distinto

Lo que ocurre desde hace más de un mes tiene, en la superficie, la misma fotografía: carreteras cortadas, marchas hacia La Paz, banderas con pedidos de renuncia, esta vez contra Rodrigo Paz. Pero el origen es otro. No nació de una elección cuestionada, sino de la acumulación de reclamos sectoriales —indígenas amazónicos contra una ley de tierras, mineros, transportistas, campesinos golpeados por la escasez de combustible y de dólares— que terminaron confluyendo en un pedido común.

Y en esa confluencia reapareció Evo Morales. Desde su refugio en el Chapare cochabambino, donde evade una orden de detención, lideró una marcha de 190 kilómetros hacia La Paz y luego vio cómo dirigentes de su entorno tomaban la vocería de las protestas en la sede de gobierno. El oficialismo lo acusa de ser el «autor intelectual» de la radicalización y ha denunciado que detrás de algunos bloqueos operan intereses del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. Son acusaciones que, hasta ahora, no se sostienen con la misma claridad con que en 2019 quedó documentada la base social transversal del reclamo. Pero marcan una diferencia central: en 2019 era difícil señalar a una sola figura como conductora del movimiento; en 2026, esa figura tiene nombre y apellido, y arrastra el desgaste de una etapa que muchos bolivianos ya daban por cerrada.

Por qué el eco es distinto

La explicación no es solo política. Es, sobre todo, económica. En 2019, Bolivia llegaba a la crisis con una situación fiscal relativamente sostenible. En 2026, los bloqueos golpean a una economía que ya venía de dos años de contracción, con un déficit fiscal superior al 12% del PIB, una deuda que ronda el 90% del producto y una inflación cercana al 20%. Un solo mes de protestas —mayo— le costó al país cerca de 2.000 millones de dólares, casi el 4% de su PIB anual: uno de los meses más caros de la historia económica reciente de Bolivia, comparable solo con la propia crisis de 2019.

Y sin embargo, a diferencia de 2019, el reclamo no ha logrado su objetivo. Paz sigue en el cargo. El Congreso le dio luz verde para usar al Ejército en el desbloqueo de rutas, algo que no ocurrió hace siete años. El gobierno negocia, en paralelo, un paquete de 5.000 millones de dólares con el FMI —la misma institución a la que, en campaña, Paz había prometido no recurrir—, lo que alimenta la sospecha de que el ajuste que detonó las protestas no va a desaparecer, venga o no acompañado de un sello del organismo.

Una sociedad que ya gastó su asombro

Quizás ahí está la clave del «eco distinto»: en 2019, Bolivia todavía podía sorprenderse de que un presidente se aferrara al poder más allá de lo que la Constitución permitía, y esa sorpresa —compartida por una mayoría amplia y heterogénea— alcanzó para producir un cambio rápido. En 2026, el país ya no se sorprende de casi nada. Está, literalmente, exhausto: por la crisis económica que arrastra desde 2023, por la fatiga de un conflicto que ya lleva más de un mes, y por la sensación, para muchos, de que detrás de cada bloqueo hay menos un reclamo genuino y más una vieja disputa de poder que se resiste a cerrarse.

El grito, en el fondo, sigue siendo el mismo: que el poder responda ante la gente. Pero cuando ese grito se repite demasiadas veces, y desde lugares cada vez más cuestionados, el eco empieza a apagarse antes de llegar a destino. Esa, tal vez, sea la verdadera diferencia entre 2019 y 2026: no el reclamo, sino la credibilidad de quien lo levanta.

Por PINO

Bolivia atraviesa una de las pruebas más difíciles de su historia reciente. Tras 50 días de un conflicto asfixiante, la profunda crisis económica que ya arrastraba el país se ha visto dramáticamente agravada. El panorama ha sido devastador: miles de transportistas atrapados en las carreteras, ciudades desabastecidas de alimentos básicos y, lo más doloroso, la pérdida de vidas humanas de compatriotas que no pudieron llegar a un centro médico debido a los bloqueos. En momentos así, la desesperación colectiva suele ser el caldo de cultivo para que los gobernantes repitan los mismos errores del pasado: la indiferencia o la represión ciega.

Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz optó por un camino distinto. Consciente de que detrás de las movilizaciones existían sectores empobrecidos con demandas reales y legítimas, decidió priorizar el diálogo profundo y constante. Sentarse a escuchar el «trigo» —es decir, las necesidades genuinas de la población que sufre el día a día de la crisis— fue un acierto indispensable para romper con la soberbia histórica del poder político.

Lamentablemente, el campo de la democracia no solo siembra trigo. En medio de este esfuerzo de concertación, brotó con fuerza la cizaña. Aquellos sectores vinculados al narco-terrorismo y a facciones políticas radicales vieron en la vulnerabilidad del país la oportunidad perfecta para sembrar el caos. Su objetivo nunca fue el bienestar de los sectores vulnerables, sino la desestabilización del Gobierno Nacional para imponer agendas propias y asegurar la impunidad de sus actividades ilícitas.

Cuando la cizaña se camufla entre el trigo, el riesgo de destruir todo a su paso es inmenso. El narco-terrorismo intentó utilizar las carencias del pueblo como un escudo humano para derribar la institucionalidad del Estado.

Ante este escenario, donde el diálogo genuino con los trabajadores corría el riesgo de ser secuestrado por la criminalidad, la declaración del Estado de Excepción se convirtió en una medida de última ratio, pero absolutamente necesaria. No se trata de acallar la protesta legítima, sino de limpiar el terreno; de garantizar el reordenamiento de los sectores, la libre transitabilidad y el derecho fundamental de los ciudadanos a trabajar, alimentarse y recibir atención médica.

Sin embargo, el éxito de esta medida no se medirá solo por el despeje de las rutas. El Gobierno de Rodrigo Paz asume un doble desafío histórico: primero, asegurar que el uso de la fuerza pública bajo el Estado de Excepción sea quirúrgico, persiguiendo la criminalidad y desarticulando el narco-terrorismo sin vulnerar los derechos ni la integridad del ciudadano de a pie. Y segundo, entender que la libre transitabilidad es solo el alivio de un síntoma; la enfermedad de fondo sigue siendo una crisis económica estructural que requerirá el mismo nivel de audacia, diálogo y firmeza para ser resuelta en el mediano plazo.

El mensaje antiguo nos enseña que llegará el momento de la cosecha donde el trigo y la cizaña se separarán definitivamente. Para Bolivia, ese momento es hoy. El Estado tiene la obligación de seguir escuchando al pueblo que produce y sufre, pero al mismo tiempo debe aplicar con firmeza la ley contra aquellos que solo buscan sembrar el terror. Solo librando al cultivo de la maleza que lo asfixia, el país podrá recuperar la paz y la normalidad que tanto necesita para volver a caminar.

Por PINO

Bolivia vive, desde mediados de mayo, uno de los episodios de conflictividad social más severos de su historia reciente. Lo que comenzó como el rechazo a una norma puntual —una ley que habilitaba la hipoteca de tierras, que el propio presidente Rodrigo Paz derogó casi de inmediato— no detuvo la escalada. Por el contrario, el pliego de reclamos se fue ampliando hasta convertirse en un pedido transversal y cada vez más radical: la renuncia del mandatario.

En pocas semanas, los puntos de bloqueo se multiplicaron por decenas en Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro y Santa Cruz, dejando a las principales ciudades del eje occidental al borde del desabastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno hospitalario. Las marchas convocadas desde el Chapare por el expresidente Evo Morales —que enfrenta, además, órdenes de aprehensión pendientes vinculadas a una causa judicial— sumaron a decenas de miles de personas en su avance hacia La Paz. En el camino, no han faltado hechos de vandalismo, ataques a convoyes humanitarios y consignas que, en su versión más extrema, hablan abiertamente de «guerra civil».

El costo humano y económico es elevado. Las autoridades reportan más de una decena de personas fallecidas, varias de ellas por no haber podido llegar a tiempo a un centro de salud debido a los cercos en las rutas. Los gremios empresariales calculan pérdidas que superan los 2.000 millones de dólares, con miles de vehículos varados y comercios cerrados. A esto se suman denuncias del propio Gobierno sobre la presencia de grupos armados en algunos puntos de bloqueo y una investigación abierta sobre el financiamiento de estas movilizaciones, sin que hasta ahora exista una conclusión judicial firme al respecto.

La apuesta por el diálogo

Frente a este escenario, la respuesta del presidente Paz se ha condensado en una sola palabra, repetida una y otra vez: diálogo. Su Gobierno optó por negociar sector por sector —cooperativistas mineros, maestros, organizaciones laborales regionales— y cerrar acuerdos puntuales que fueron destrabando bloqueos en departamentos como Chuquisaca y Potosí. Al mismo tiempo, instruyó a policías y militares a actuar de forma «disuasiva, sin armamento» en las rutas, y descartó, al menos hasta ahora, negociar directamente con el sector liderado por Morales.

Los resultados de esa estrategia son mixtos. Según reportes oficiales recientes, el número de cortes de ruta bajó de cerca de 90 a poco más de 70 en pocos días, con más de veinte puntos levantados en una sola jornada gracias a acuerdos regionales. Pero en el corazón cocalero de Cochabamba, dirigentes cercanos a Morales han endurecido su postura y advierten que pueden sostener los bloqueos durante meses, incluso un año, mientras rechazan de plano cualquier mesa de negociación. Paz, por su parte, promulgó una ley que regula el estado de excepción —una herramienta que mantiene en reserva— y ha insistido en que completará su mandato hasta 2030, contando además con expresiones de respaldo de Estados Unidos y de otros gobiernos de la región.

Una estrategia que divide opiniones

La paciencia presidencial tiene defensores y detractores. Para quienes la respaldan, el diálogo ha evitado una represión que habría agravado aún más la crisis y ha demostrado, en los hechos, que buena parte de los sectores movilizados sí tiene incentivos para negociar cuando se les ofrecen respuestas concretas. La reducción efectiva de bloqueos en varios departamentos sería, en esta lectura, la prueba de que la fórmula funciona, aunque sea de manera gradual y desigual.

Para los críticos, en cambio, «diálogo, diálogo, diálogo» puede convertirse en una forma elegante de describir la inacción mientras el país acumula muertos y pérdidas económicas multimillonarias. Sectores empresariales han reclamado mayor firmeza del Estado para garantizar la libre circulación. Y desde el otro extremo del espectro, simpatizantes de Morales y del ala más combativa del campesinado sostienen que sus demandas responden a una crisis económica real —no solo a una maniobra política— y denuncian que las acusaciones gubernamentales sobre financiamiento irregular o infiltración armada buscan deslegitimar una protesta social legítima, en un contexto donde además pesan sobre el expresidente causas judiciales que sus seguidores califican de persecución política.

Una crisis que probablemente no se resuelve solo con paciencia

Lo que esta crisis deja en evidencia es que el diálogo funciona mejor cuando existen interlocutores dispuestos a negociar reclamos concretos —y eso explica los avances en Chuquisaca, Potosí o entre ciertos gremios— pero encuentra su límite cuando el conflicto deja de ser sobre una política específica y se convierte en una disputa sobre la legitimidad misma del Gobierno. En ese terreno, ningún acuerdo sectorial sustituye a una negociación política de fondo.

La pregunta que queda abierta para Bolivia no es si el diálogo es preferible a la confrontación —difícilmente alguien lo discutiría—, sino si la insistencia en esa palabra, sin una hoja de ruta política más amplia que aborde tanto las demandas económicas de los sectores movilizados como la crisis de gobernabilidad de fondo, alcanza para evitar que el país siga deslizándose hacia un desgaste que, tarde o temprano, termina pagando toda la población.

Por PINO

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«Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.» — Montesquieu, El espíritu de las leyes (1748)

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Hay una pregunta que atraviesa la historia humana con la persistencia de una herida que nunca cicatriza del todo: ¿qué hace el hombre con el poder? ¿O acaso es el poder el que hace al hombre? Shakespeare lo intuyó en Hamlet cuando su príncipe danés se debatía entre la acción y la parálisis. Pero hoy, en Bolivia, esa pregunta ha abandonado los escenarios teatrales para instalarse en las calles bloqueadas de La Paz, en el humo de los neumáticos quemados, en el desabastecimiento de medicinas y alimentos que golpea a los más vulnerables. La pregunta ya no es filosófica. Es urgente.

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La raíz del conflicto: el poder como fin en sí mismo

La ética cristiana, en su análisis más lúcido de la condición humana, identifica el poder como el factor que más profundamente divide al ser humano. No el dinero, no la ideología, no la religión — aunque todos estos sean sus instrumentos frecuentes. El poder, en su desnudez, es la voluntad de estar por encima del otro, de decidir por él, de someterlo. Y cuando esa voluntad se desata sin freno moral ni institucional, produce exactamente lo que Bolivia vive hoy: el sacrificio del bien común en el altar del interés personal.

Aristóteles ya advertía que el poder ejercido sin virtud degenera inevitablemente en tiranía. No importa si esa tiranía viene del trono de un rey o de la tribuna de un líder sindical que convoca bloqueos. La estructura es la misma: alguien decide que su voluntad vale más que el orden que protege a todos.

Hannah Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo, identificó un patrón que resuena con perturbadora actualidad: los movimientos que buscan el poder a cualquier costo comienzan siempre por apropiarse del sufrimiento genuino de la gente. Toman las demandas legítimas — el hambre real, la precariedad real, la injusticia real — y las convierten en combustible para un incendio que ellos mismos controlan. Las víctimas del sistema se vuelven, sin saberlo, instrumentos de quienes los han explotado siempre.

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La invención más brillante de la civilización

Frente a esta naturaleza del poder — inherente al ser humano, imposible de eliminar — la civilización desarrolló su respuesta más inteligente: no suprimir el poder, sino regularlo. Dividirlo. Hacerlo que se vigile a sí mismo.

Montesquieu formuló el principio con claridad matemática: solo el poder puede detener al poder. De ahí nació la división tripartita del Estado — ejecutivo, legislativo, judicial — que no es un capricho burocrático sino una arquitectura diseñada precisamente para que ningún hombre, ningún grupo, ningún movimiento pueda apropiarse del todo. La Constitución, en este esquema, no es simplemente un documento jurídico. Es el contrato que todos firman antes de jugar, la norma que está por encima de cualquier voluntad particular, incluida la de los gobernantes.

Pero esta arquitectura tiene una fragilidad esencial: requiere que las personas crean en ella. Que estén dispuestas a defenderla, incluso cuando defenderla es incómodo o costoso. Cuando esa creencia se erosiona — cuando las instituciones son capturadas, vaciadas o simplemente ignoradas — el edificio tiembla. Y quienes esperaban ese temblor salen de las sombras.

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Bolivia, junio de 2026: el poder que regresa disfrazado

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia hace apenas seis meses. En ese tiempo, ha gobernado en medio de una crisis económica heredada, de tensiones institucionales y de un vicepresidente que no ha dudado en marcarle distancia públicamente. Nada de esto es extraordinario en la política latinoamericana. Lo extraordinario es lo que ha ocurrido desde mayo: una escalada de protestas y bloqueos que, comenzando con demandas sectoriales legítimas, derivó rápidamente en una sola exigencia: su renuncia inmediata.

Detrás de esa exigencia, el propio gobierno boliviano, respaldado por catorce países aliados, ha señalado una presencia que va más allá de la protesta social: el financiamiento del crimen organizado, los intereses de un expresidente con una orden de aprehensión pendiente por trata de personas, la metodología del caos calculado. No se trata de silenciar la protesta legítima. Se trata de nombrar lo que la protesta legítima no sabe — o no quiere saber — que carga sobre sus espaldas.

Este es el mecanismo más sofisticado y perverso del poder ilegítimo: montar sobre el dolor real de personas reales para alcanzar objetivos que esas personas jamás aprobarían si los vieran con claridad. El trabajador que bloquea una carretera porque no llega el combustible a su comunidad no es el mismo actor que quien financia el bloqueo para que un líder fugitivo evite la justicia. Pero en el caos, ambos se vuelven indistinguibles. Y esa indistinción es, precisamente, la táctica.

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El deber ético ante el desorden fabricado

La ética — cristiana, aristotélica, ilustrada — converge en un punto frente a este escenario: el desorden fabricado para acceder al poder no es una forma de política. Es su negación. La política, en su sentido más profundo, es el arte de organizar la convivencia. El caos deliberado es su opuesto: el arte de destruir la convivencia para que alguien pueda imponer su voluntad sobre las ruinas.

Tomás de Aquino distinguía entre la ley justa, que ordena al bien común, y la ley injusta, que sirve a intereses particulares disfrazados de bien común. Hoy esa distinción no se aplica solo a las leyes sino a los movimientos que las invocan: hay protestas que buscan justicia y hay protestas que buscan impunidad. La diferencia no siempre es visible desde afuera, pero siempre es real.

Bolivia tiene, en este momento, la oportunidad y la obligación de sostener lo que tantas generaciones han construido con tanto costo: el orden constitucional, la alternancia democrática, la regulación institucional del poder. No porque Rodrigo Paz sea perfecto — ningún gobernante lo es — sino porque la democracia no se defiende solo cuando nos gusta el gobernante. Se defiende, sobre todo, cuando cuesta defenderla.

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Ser poder o no ser

Volvamos a Shakespeare, pero desde otra orilla. La pregunta de Hamlet era si valía la pena existir frente al sufrimiento. La pregunta de Bolivia hoy es distinta: ¿vale la pena sostener el orden cuando el desorden promete beneficios rápidos a quienes lo financian?

La historia responde con consistencia brutal: las democracias que ceden ante el caos organizado no recuperan la calma. Cambian de amo. Y el nuevo amo, que llegó prometiendo liberar al pueblo de sus cadenas, trae consigo cadenas más pesadas, porque sabe — como sabe todo poder ilegítimo — que su única garantía de supervivencia es impedir que el poder vuelva a regularse.

Ser poder, en el sentido más noble, no es dominar. Es servir con autoridad. Es gobernar con los límites que la civilización ha tardado siglos en construir. Es reconocer que el poder que no se deja regular termina, siempre, devorándose a sí mismo y a quienes lo rodean.

No ser poder, en cambio, es exactamente lo que Bolivia enfrenta como amenaza: la posibilidad de que el Estado sea capturado por quienes no creen en el Estado, sino en su propio apetito.

Que la madurez democrática de la que habla el presidente Paz no sea solo una frase en un discurso. Que sea, en estos días decisivos, la convicción que sostenga a un país entero.

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PINO es analista político y columnista independiente.

Por Pino

Santa Cruz, 2 de junio de 2026

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Bolivia lleva más de un mes viviendo sobre el filo de una navaja. Los bloqueos que paralizan las carreteras del país no son, como a veces se presenta, el resultado espontáneo de un pueblo desesperado. Son, en buena medida, el producto de una maquinaria vieja y conocida: la combinación letal entre estructuras sindicales y sociales con capacidad real de movilización, intereses políticos que buscan el retorno al poder, y —lo que con frecuencia se omite en el debate público— la sombra creciente del crimen organizado, que ha encontrado en el caos una forma conveniente de proteger sus negocios.

El libreto no es nuevo. Tiene capítulos escritos como en 2003. Pero cada vez que se repite, lo hace con más actores, más recursos y más frialdad. La clave del método no está en la fuerza bruta, sino en la provocación calculada: bloquear hasta que el hambre apriete, esperar que el gobierno reaccione con violencia, y entonces convertir al represor en el villano. Es una trampa tan perfecta que casi admira su crueldad.

«La trampa está diseñada para que cualquier respuesta del gobierno sea la respuesta equivocada.»

El peso de la historia

Gonzalo Sánchez de Lozada cayó porque respondió con balas. Más de sesenta muertos en El Alto sellaron su destino político y lo empujaron al exilio. Esa memoria no es un dato histórico abstracto: es una advertencia activa, presente en cada decisión que hoy toma el presidente Rodrigo Paz. No reprimir no es debilidad; es, en el contexto boliviano, una lectura lúcida de cómo funcionan los mecanismos de desestabilización.

Y sin embargo, la otra cara del dilema es igualmente peligrosa. Un gobierno que observa cómo se multiplican los puntos de bloqueo —de 30 a más de 100 en semanas— sin poder garantizar el oxígeno en los hospitales, el pan en los mercados o el combustible en los surtidores, transmite una imagen de parálisis que también tiene un costo político devastador. La inacción, cuando es percibida como impotencia, erosiona la legitimidad con la misma eficacia que la represión.

El verdadero rostro de los bloqueos

Es necesario nombrar lo que se prefiere callar. Detrás de las demandas salariales legítimas de obreros y campesinos —que merecen respuesta y atención— hay una arquitectura de poder que las utiliza como escudo. Las organizaciones que hoy bloquean Bolivia no son todas iguales ni obedecen todos los mismos fines. Hay sectores que genuinamente luchan por sus ingresos en medio de la peor crisis económica en cuarenta años. Pero hay también quienes usan esa justa indignación como combustible para un proyecto político de retorno, y quienes, más silenciosamente, protegen rutas de contrabando, economías ilegales y estructuras mafiosas que prosperan en la opacidad del caos.

Separar esas capas —responder a unas, aislar a las otras y enfrentar a las terceras— es la tarea más difícil que ha tenido gobierno boliviano alguno en décadas.

«La inacción percibida como impotencia erosiona la legitimidad con la misma eficacia que la represión.»

El timing como arte de gobernar

El título de este artículo no es una metáfora cómoda. Es una descripción técnica del problema que enfrenta Rodrigo Paz. El Congreso ya le despejó el camino legal: la abrogación de la Ley 1341 le devuelve instrumentos constitucionales que antes estaban restringidos. Las fuerzas cívicas y empresariales exigen que los use. La oposición de derecha le increpa que gobernar es decidir. Y el reloj humanitario corre: cinco muertos, hospitales sin oxígeno, estanterías vacías, pérdidas que ya superan los dos mil millones de dólares.

Pero actuar demasiado pronto —cuando los bloqueadores aún no han agotado su legitimidad popular y cuando la tensión no ha llegado a su punto de quiebre— sería regalarles el muerto que necesitan. Actuar demasiado tarde —cuando la crisis humanitaria ya sea irreversible— sería demostrar que el Estado no existe.

Existe un punto entre esos dos extremos. Es angosto, resbaladizo y difícil de ver desde afuera. Pero es el único punto desde el que un gobierno puede actuar con firmeza sin convertirse en el instrumento de su propia destrucción.

Lo que nadie puede garantizar

La verdad incómoda es que ese punto exacto no se puede calcular desde un despacho. Se construye con información de inteligencia confiable, con apoyo político suficiente, con una narrativa clara ante la ciudadanía y —esto es fundamental— con la certeza de que las fuerzas de seguridad actuarán con disciplina y sin provocar la masacre que el otro lado necesita para ganar.

Bolivia no está sola en este desafío. La comunidad internacional observa. Los aliados regionales —desde Brasil hasta Argentina— tienen intereses en la estabilidad del país. Y la sociedad boliviana, esa que no bloquea ni es bloqueada por fanatismo político, sino que simplemente quiere que sus hijos coman y que los hospitales funcionen, también tiene una palabra que decir.

El tiempo se acaba. Pero la prisa puede ser tan fatal como la demora. Esa es la paradoja que define este momento, y la carga que lleva quien tiene que resolverla.

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Gobernar Bolivia en este momento no es un ejercicio de poder. Es un ejercicio de temple.

Avances, responsabilidad y ética en la era de la inteligencia artificial

Por PINO

Vivimos un momento sin precedentes en la historia de la medicina. La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser un concepto del futuro para convertirse en una herramienta concreta, presente y transformadora en el ejercicio cotidiano de la salud. Como profesionales del área, somos testigos y protagonistas de esta transformación, y tenemos la responsabilidad de comprenderla, orientarla y ejercerla con criterio ético.

No es casual que el Papa León XIV haya dedicado su primera encíclica, Magnifica Humanitas —firmada el 15 de mayo de 2026—, precisamente a este tema: la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. El documento no condena la tecnología, sino que llama a ponerla al servicio de la dignidad humana. Esa es también la misión de quienes trabajamos en salud.

Una revolución ya en marcha

Los avances que la IA está aportando a la medicina son numerosos y de impacto inmediato en la vida del paciente. En el campo de la imagenología, por ejemplo, los sistemas de análisis por IA son capaces de identificar lesiones de tamaño mínimo —nódulos pulmonares, micro-calcificaciones mamarias, lesiones retinianas incipientes— que en muchos casos solo un especialista de vasta experiencia podría detectar. Esto no significa que la máquina reemplace al radiólogo o al médico; significa que lo potencia, extiende su alcance y reduce el margen de error humano derivado del cansancio o de la falta de acceso a subespecialistas.

Más allá de la imagenología, la IA está transformando el análisis genómico, la predicción de enfermedades crónicas, la personalización de tratamientos oncológicos y la gestión de grandes volúmenes de información clínica que ningún ser humano podría procesar solo. El paciente es el beneficiario directo de todo ello, siempre que el profesional de la salud mantenga el juicio clínico como instancia final e inapelable.

La competencia tecnológica como motor del progreso

La dinámica competitiva entre las grandes plataformas de inteligencia artificial —como Claude, desarrollado por Anthropic, y ChatGPT, de OpenAI— está acelerando el ritmo de la innovación de una manera que ninguna institución pública ni academia podría alcanzar por sí sola. Esa competencia, bien orientada, se traduce en herramientas cada vez más precisas, accesibles y útiles para el ejercicio clínico. La medicina, históricamente conservadora en la adopción de tecnología, tiene hoy la oportunidad de beneficiarse de este dinamismo en tiempo real.

Una curva de aprendizaje exigente e inevitable

Sería ingenuo, sin embargo, presentar este panorama sin reconocer sus exigencias. Dominar la IA aplicada a la salud no es instalar una aplicación ni consultar un buscador. Requiere formación profunda en los modelos que la sustentan, comprensión de sus límites, práctica supervisada y actualización constante. Por muchos años, la integración efectiva de la IA en la práctica clínica demandará un esfuerzo serio de aprendizaje por parte de los profesionales. Quienes lo asuman con responsabilidad estarán mejor equipados para servir a sus pacientes; quienes la usen sin comprenderla, expondrán a riesgos innecesarios a quienes confían en ellos.

La ética: condición indispensable, no opcional

La encíclica Magnifica Humanitas señala con precisión que la IA «asume el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza». En salud, eso nos convoca a una responsabilidad directa: la IA que usemos tendrá el rostro de nuestra ética profesional. Esto implica, en términos concretos, garantizar el consentimiento informado del paciente cuando la IA interviene en su diagnóstico o tratamiento; proteger con rigor la confidencialidad de sus datos clínicos; y nunca delegar en un algoritmo la decisión final sobre una vida humana.

Hay además una dimensión de justicia que no puede ignorarse: si los beneficios de la IA en salud quedan reservados solo a quienes pueden pagarlos, habremos construido una medicina de dos velocidades. En América Latina, esta advertencia es especialmente urgente. La tecnología puede reducir la brecha sanitaria o ampliarla; depende de las decisiones que tomemos hoy.

Conclusión

La inteligencia artificial no ha llegado a la medicina para reemplazar al médico, sino para devolverle tiempo, precisión y alcance, para que pueda ser más humano con su paciente. Usarla bien es un acto de responsabilidad profesional. Ignorarla, en cambio, puede convertirse en una forma de negligencia ante las posibilidades que hoy existen.

Como lo recuerda León XIV en su encíclica: la humanidad se encuentra hoy ante una elección decisiva. En el campo de la salud, esa elección tiene nombre: poner la inteligencia artificial al servicio del paciente, con competencia, humildad y ética. Ese es el único camino que justifica su uso.

Referencia: León XIV, Magnifica Humanitas. Carta Encíclica sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial. Ciudad del Vaticano, 15 de mayo de 2026.

Por PINO

Bolivia vive nuevamente horas de tensión. Los bloqueos, las amenazas de confrontación y la creciente polarización muestran a un país cansado, herido y profundamente dividido. En medio de esta situación, resulta imprescindible reflexionar con serenidad sobre un fenómeno peligroso que muchas veces se repite en la historia de las naciones: la provocación orientada a generar una espiral de violencia.

La violencia rara vez aparece de manera espontánea. Generalmente es precedida por discursos agresivos, provocaciones calculadas, acumulación emocional y estrategias destinadas a empujar al adversario hacia una reacción descontrolada. Cuando ello ocurre, el conflicto deja de ser solamente político y comienza a transformarse en una lucha emocional donde desaparece la racionalidad y surge el odio.

Bolivia ya ha conocido momentos dolorosos en su historia reciente. Episodios que terminaron en enfrentamientos, sufrimiento, muerte y heridas sociales que todavía permanecen abiertas. Por eso, cualquier señal orientada a detener el avance de la confrontación debe ser valorada con madurez y responsabilidad histórica.

En este contexto, la decisión de evitar la movilización hacia un posible choque violento representa un mensaje importante para el país. El pedido realizado por Monseñor René Leigue y por representantes institucionales orientado a frenar la escalada de tensión, así como la aceptación de un cuarto intermedio por parte de sectores cívicos, constituye una señal de prudencia en momentos donde la pasión colectiva podría fácilmente superar a la razón.

Muchos pueden interpretar la moderación como debilidad. Sin embargo, la historia demuestra que evitar el derramamiento de sangre requiere frecuentemente más valentía que promover el enfrentamiento. La fuerza auténtica no siempre se expresa levantando la voz o movilizando multitudes; muchas veces se manifiesta en la capacidad de contener la ira, evitar la provocación y pensar primero en el país antes que en la victoria inmediata.

La espiral de violencia tiene una característica devastadora: una vez iniciada, nadie logra controlar completamente sus consecuencias. Comienza con insultos, continúa con agresiones y termina destruyendo familias, instituciones, economía y dignidad humana. Los pueblos terminan empobrecidos material y espiritualmente, mientras el resentimiento se convierte en herencia para las nuevas generaciones.

Bolivia necesita comprender que ninguna ideología, ninguna ambición de poder y ninguna diferencia política justifican la destrucción de la convivencia nacional. La violencia no engrandece a las personas ni fortalece a las sociedades. Por el contrario, degrada la condición humana, alimenta el miedo y disminuye la dignidad incluso de quienes la ejercen.

Nuestro país necesita dar un paso superior en su historia. Necesita demostrar que puede resolver sus conflictos mediante el diálogo, la prudencia y la inteligencia colectiva. La democracia no consiste solamente en vencer al adversario; consiste también en preservar la paz social y la estabilidad de la nación.

Hoy Bolivia tiene la oportunidad de enviar un mensaje distinto. Un mensaje donde la serenidad prevalezca sobre la provocación. Donde la vida tenga más valor que el odio. Donde el futuro del país sea más importante que la confrontación inmediata.

Esperemos que este mensaje llegue de manera adecuada a todos los sectores sociales y políticos. Esperemos que podamos disminuir esta práctica irracional e inhumana de violencia que tanto daño le ha hecho a Bolivia. Y esperemos, sobre todo, que las nuevas generaciones aprendan que la verdadera grandeza de un pueblo no se encuentra en su capacidad de destruirse, sino en su capacidad de construir paz.

Por Pino

En los difíciles momentos que atraviesa Bolivia, cuando la incertidumbre económica, la polarización política y el debilitamiento institucional amenazan la estabilidad nacional, resulta necesario reflexionar serenamente sobre el papel histórico que ha desempeñado Santa Cruz dentro de la construcción del país.

Hablar de la “lucha de Santa Cruz” no significa hablar de enfrentamiento contra Bolivia. Por el contrario, significa comprender una larga historia regional profundamente vinculada al esfuerzo por transformar a Bolivia en una nación más integrada, más descentralizada, más productiva y libre.

Durante décadas, algunos sectores intentaron presentar a Santa Cruz como una región separatista. Sin embargo, un análisis histórico más profundo demuestra que las principales luchas cruceñas estuvieron orientadas, fundamentalmente, a combatir el centralismo y promover autonomías regionales capaces de generar desarrollo para todas las regiones del país.

La lucha por el ferrocarril, por las carreteras de integración, por las regalías petroleras, por la descentralización administrativa, por las autonomías municipales y departamentales, no buscaba aislar a Santa Cruz, sino integrar mejor a Bolivia y distribuir más equilibradamente las oportunidades de progreso.

Incluso procesos fundamentales como la Ley de Participación Popular tuvieron participación de profesionales e intelectuales vinculados al pensamiento descentralizador y regionalista, que entendían que el fortalecimiento de municipios y regiones era indispensable para democratizar el país.

La historia moderna de Santa Cruz también estuvo marcada por otra lucha silenciosa y dolorosa: la defensa de la institucionalidad frente al narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. La muerte de Noel Kempff Mercado simbolizó dramáticamente el choque entre la ciencia, la naturaleza y las estructuras criminales que comenzaron a penetrar territorios e instituciones bolivianas. (Museo Noel Kempff)

Desde entonces, una parte importante de la conciencia cívica cruceña comprendió que la defensa de la democracia también implicaba defender:

el Estado de derecho,

la independencia institucional,

la transparencia,

la seguridad jurídica,

y la ética pública.

Santa Cruz entendió que no existe libertad económica verdadera sin instituciones fuertes. Y no existe democracia estable cuando el crimen organizado penetra la política, la justicia o la economía.

Pero la lucha de Santa Cruz no se limita a la resistencia política. Su principal batalla histórica ha sido siempre la construcción.

Construir producción.
Construir trabajo.
Construir educación.
Construir oportunidades.

La región aprendió que el progreso no nace solamente de los discursos, sino del esfuerzo humano organizado, de la creatividad, del emprendimiento y de la capacidad de transformar adversidades en crecimiento.

Por ello, Santa Cruz desarrolló una cultura profundamente vinculada:

al trabajo,

a la producción agropecuaria,

a la exportación,

a la innovación,

al emprendimiento,

y a la educación como herramienta de movilidad social.

No es casualidad que el crecimiento económico de Santa Cruz haya estado acompañado por la expansión universitaria, la migración nacional e internacional, el desarrollo agroindustrial y la integración territorial de Bolivia.

Hoy, cuando Bolivia atraviesa momentos de tensión e incertidumbre, Santa Cruz vuelve a colocarse en “plan de lucha”. Pero esta lucha no debería entenderse como una lucha contra otros bolivianos. Debe entenderse como una lucha por preservar:

la democracia,

las libertades,

la institucionalidad,

el respeto constitucional,

y el derecho de las personas a crear, producir y vivir con dignidad.

La verdadera fuerza de Santa Cruz no está solamente en su economía. Está en su capacidad humana y creativa. Está en la energía de su gente. Está en la convicción de que Bolivia puede salir adelante mediante más libertad, más educación, más institucionalidad y más integración nacional.

Santa Cruz no lucha para dividir Bolivia.

Santa Cruz lucha porque cree profundamente en una Bolivia capaz de crecer sin miedo, producir sin trabas, educar sin límites y vivir en democracia.